El presidente de EE.UU. ordenó el envío de 2.000 efectivos para contener protestas por redadas migratorias. El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció un acto “inflammatory y autoritario”.
Los Ángeles se encuentra en el centro de una nueva tormenta política en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad californiana, sin el consentimiento del gobernador estatal Gavin Newsom. La decisión fue tomada en medio de crecientes protestas por una serie de redadas migratorias realizadas por la agencia ICE (Inmigración y Control de Aduanas), que ya dejaron al menos 118 inmigrantes detenidos y escenas de fuerte represión en la vía pública.
El mandatario justificó la medida invocando el artículo 10 del Código de Servicios Armados de EE.UU., asegurando que las protestas “constituyen una forma de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos”. La respuesta del gobernador Newsom fue tajante: “El Gobierno federal no envía soldados por falta de policía, sino porque quiere un espectáculo político”.
Tensión en las calles: redadas, represión y enfrentamientos
Las protestas comenzaron tras una ola de operativos en zonas de fuerte presencia latina en Los Ángeles. Según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional citadas por Los Angeles Times, el viernes pasado fueron detenidas 44 personas en un solo día.
Uno de los episodios más violentos ocurrió frente a un mayorista de ropa, donde manifestantes arrojaron objetos a los agentes federales e intentaron frenar los arrestos. En respuesta, se utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Escenas similares se repitieron en las inmediaciones de un local de Home Depot en la ciudad de Paramount, a unos 30 kilómetros del centro de Los Ángeles.
“Más de 1.000 alborotadores rodearon y atacaron un edificio federal”, denunció ICE en un comunicado publicado en redes sociales. La agencia, acusada reiteradamente por violaciones a los derechos humanos, sostiene que sus oficiales fueron “superados en número” y actuaron “con valentía”.
El despliegue federal: una decisión sin precedentes en décadas
La acción ejecutiva de Trump remite a una normativa poco habitual: el 10 U.S.C. §12406, que permite al presidente federalizar la Guardia Nacional en situaciones excepcionales como invasiones, rebeliones o cuando no se pueda ejecutar la ley con fuerzas regulares.
En este caso, Trump afirmó que los disturbios representan un intento de subvertir la autoridad federal. Según analistas legales, se trata de la primera vez desde 1965 que un presidente ordena esta clase de despliegue sin el pedido expreso del gobernador del estado afectado.
“Esto no es mantener el orden, es una provocación con fines electorales”, señaló la congresista demócrata Nanette Barragán, que representa a zonas del condado de Los Ángeles afectadas por las redadas. Para la legisladora, la presencia militar solo agravará el conflicto: “No necesitamos esta ayuda. Solo va a empeorar las cosas”.
Críticas desde California: “Quieren militarizar la política”
Tanto el gobernador Gavin Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, rechazaron públicamente el envío de tropas. “Tenemos recursos locales para contener las protestas. Esto no tiene que ver con seguridad, sino con control político y show mediático”, dijo Bass en una entrevista con el canal ABC7.
El gobernador, por su parte, denunció una violación a la autonomía estatal: “El gobierno de Trump está tomando el control de nuestra Guardia Nacional para imponer su agenda. Esto es un acto deliberadamente inflamatorio”.
Desde el partido Republicano, sin embargo, se respaldó la medida. El senador Markwayne Mullin declaró a CNN que “las protestas están fuera de control” y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que la decisión del presidente es “sentido común”.
Un plan de deportaciones masivas y polémicas judiciales
Desde su retorno al poder, Trump puso como prioridad una ambiciosa campaña de deportación que él mismo calificó como “la más grande en la historia de Estados Unidos”. La Casa Blanca estableció como objetivo que ICE realice al menos 3.000 arrestos por día. Sin embargo, la cifra de deportaciones está por debajo de lo esperado, lo que habría derivado en un endurecimiento de las tácticas.
Entre las denuncias más graves se encuentran la utilización de aviones militares para trasladar inmigrantes a Guantánamo —conocida prisión estadounidense en Cuba, asociada a torturas y detenciones ilegales— antes de su expulsión a estados como Luisiana. También se registraron casos de deportaciones a países donde los detenidos no nacieron, e incluso de personas que se encontraban legalmente en territorio estadounidense.
Varias de estas acciones están siendo impugnadas en los tribunales federales, mientras crece la alarma entre organizaciones de derechos humanos.
Un déjà vu con ecos del pasado
El último antecedente de un despliegue similar en Los Ángeles se remonta a 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush federalizó la Guardia Nacional durante los disturbios por la absolución de policías que golpearon brutalmente a Rodney King, un automovilista afroamericano. En aquella ocasión, el envío de tropas sí fue solicitado por el gobernador estatal Pete Wilson.
La actual decisión de Trump revive el debate sobre los límites del poder federal, la autonomía de los estados y el uso de fuerzas militares para contener conflictos internos.
Conclusión: una jugada de alto voltaje político
El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin acuerdo estatal representa un nuevo punto de inflexión en la presidencia de Donald Trump, caracterizada por su estilo confrontativo y su agenda antiinmigratoria. Con la campaña electoral en marcha, el mandatario parece decidido a tensar la cuerda con estados gobernados por demócratas y reforzar su imagen de “mano dura”.
