Ante la inminente publicación de un decreto que dispondría la disolución de Vialidad Nacional, se encendieron las alarmas en el sector vial por el impacto que tendría la eliminación de un organismo con 93 años de trayectoria, clave para el desarrollo, la conectividad y la soberanía territorial del país.
La medida implicaría el despido de entre el 50% y el 60% del personal, lo que afectaría directamente a más de 3.000 trabajadores y sus familias. El cierre del organismo no solo significaría la pérdida masiva de empleos, sino también un golpe estructural para la planificación y el mantenimiento de la red vial nacional.
Actualmente, entre el 60% y el 70% de las rutas del país se encuentran en estado regular o malo. En lugar de reforzar las políticas de mantenimiento y mejora, la respuesta del Gobierno sería el desmantelamiento del área responsable, con consecuencias directas sobre la seguridad vial, el transporte de economías regionales y la integración de distintas provincias.
La situación se considera crítica, y se evalúa profundizar el plan de lucha en defensa del organismo y de los puestos de trabajo. También se impulsan nuevas alianzas con distintos sectores para frenar el avance de esta medida.
Desde el sector se convoca a la sociedad civil, a actores políticos y a organizaciones sindicales a acompañar la resistencia frente a una decisión que afectaría no solo a los trabajadores viales, sino también al conjunto de la población que depende de rutas seguras, transitables y sostenidas por una estructura pública profesional y federal.
