Un nuevo grupo de distribución de ayuda humanitaria, respaldado por Estados Unidos e Israel, comenzó a operar en la Franja de Gaza esta semana en medio de una profunda controversia. Se trata de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), una organización privada que busca reemplazar al sistema actual liderado por la ONU, bajo el argumento de evitar que Hamas intercepte los suministros.
Según informaron voceros de GHF, el lunes comenzaron a ingresar camiones cargados de alimentos a puntos denominados “Sitios de Distribución Seguros”, y la entrega de paquetes de comida inició formalmente el martes. Las primeras imágenes difundidas muestran a decenas de hombres retirando cajas en la ciudad sureña de Rafah, aunque no se precisó el volumen total de la asistencia entregada ni la cantidad exacta de beneficiarios.
La fundación opera al margen del sistema internacional habitual y cuenta con contratistas de seguridad estadounidenses armados, lo que despertó el rechazo inmediato de organizaciones humanitarias, entre ellas la ONU. Un vocero de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Jens Laerke, advirtió que la iniciativa “distrae de lo que realmente se necesita: reabrir todos los pasos fronterizos hacia Gaza y facilitar el ingreso urgente de suministros esenciales”.
Críticas desde la comunidad internacional y humanitaria
Las críticas no se hicieron esperar. Diversas ONG y organismos de ayuda internacional denunciaron que el mecanismo impuesto por GHF vulnera los principios básicos de asistencia humanitaria: neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad. Acusan al grupo de “militarizar y politizar la ayuda”, de forzar desplazamientos adicionales y de condicionar el acceso a los alimentos a criterios de seguridad vinculados con el conflicto.
El secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, Jan Egeland, calificó la operación como un modelo “militarizado, privatizado y politizado”. En declaraciones a la BBC, expresó: “No podemos permitir que una de las partes del conflicto decida dónde, cómo y quién recibe la ayuda”.
En el terreno, la situación es aún más compleja. Aunque se han visto largas filas de ciudadanos palestinos intentando acceder a la asistencia, muchos desplazados decidieron no acercarse por temor a represalias, identificaciones forzadas o incluso perder contacto con sus familias. “Nos están obligando a arriesgar la vida solo para alimentar a nuestros hijos”, dijo a la BBC una mujer desplazada desde Khan Younis.
Funcionamiento de los centros y rechazo de Hamas
El modelo propuesto por la GHF exige que los beneficiarios acudan personalmente a uno de los cuatro centros distribuidos entre el sur y el centro de Gaza, donde son sometidos a controles de identidad y seguridad antes de recibir los paquetes de alimentos y productos básicos de higiene.
Según empleados palestinos que participan del operativo, la distribución es supervisada por contratistas estadounidenses, pero sin presencia directa de fuerzas israelíes dentro de los sitios. No obstante, las fuerzas de defensa israelíes patrullan los perímetros, lo que aumenta el nivel de riesgo para la población.
Desde Hamas advirtieron a la población que no coopere con este sistema, al que calificaron como parte de una política de “hambruna planificada” y “uso de alimentos como arma de guerra”. Acusaron a Israel y EE.UU. de promover una estrategia de desplazamiento forzado bajo la apariencia de ayuda humanitaria.
Crisis humanitaria sin precedentes
La llegada de la GHF se da en un contexto de bloqueo israelí casi total que comenzó el 2 de marzo y que fue parcialmente levantado en los últimos días bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos. El propio primer ministro Benjamín Netanyahu admitió que se autorizaría el ingreso de una cantidad “básica” de alimentos para evitar una hambruna.
Desde entonces, Israel asegura haber permitido el ingreso de al menos 665 camiones con suministros como harina, leche infantil y medicamentos. Sin embargo, la directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió el domingo que dicha cantidad “apenas representa una gota en el océano” frente a las necesidades actuales.
El último informe del sistema IPC (Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria) reveló que medio millón de personas en Gaza se encuentran en riesgo extremo de hambruna, en un contexto de colapso económico, escasez crítica de alimentos y precios imposibles para la población civil.
Renuncias internas y tensiones políticas
El propio funcionamiento interno de GHF también quedó bajo la lupa. El domingo, Jake Wood, exdirector ejecutivo de la organización y veterano del ejército estadounidense, renunció públicamente al cargo tras declarar que el sistema no podía garantizar los principios humanitarios fundamentales. Fue reemplazado por John Acree, exfuncionario de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID).
El directorio de GHF rechazó las críticas y acusó a sectores humanitarios de “proteger el status quo” en vez de enfocarse en “llevar ayuda a quienes la necesitan”. Aseguran que su modelo permitirá alimentar a un millón de personas en los próximos días.
Un conflicto sin salida clara
La operación de la GHF se inscribe en el marco de una nueva ofensiva militar israelí lanzada el 19 de mayo con el objetivo, según Netanyahu, de “tomar el control total de la Franja de Gaza”. La estrategia incluye desplazar a la población civil del norte hacia el sur y aumentar la presión sobre Hamas, que aún retiene a 58 rehenes, de los cuales al menos 23 estarían con vida.
Desde el inicio del conflicto, tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 que dejó 1.200 muertos y más de 250 secuestrados, al menos 54.056 personas han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud controlado por Hamas.
