La jueza Paula González ordenó medidas cautelares para asegurar una eventual restitución económica a las víctimas por un total de 905 millones de pesos. Entre los procesados hay empresarios vinculados a más de veinte firmas constructoras.
En el marco de una investigación por estafas reiteradas en la venta de inmuebles bajo la modalidad “de pozo”, la jueza nacional en lo Criminal y Correccional N°40, Paula González, dispuso el embargo preventivo de 60 propiedades y el secuestro de 17 vehículos pertenecientes a los cinco imputados y a sociedades comerciales vinculadas. La medida busca garantizar el resarcimiento económico a las víctimas, por un monto total estimado en 905 millones de pesos.
Las resoluciones judiciales se adoptaron a partir del pedido formulado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, a cargo de Mónica Cuñarro, con la colaboración de la auxiliar fiscal Andrea Martínez, y el apoyo técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), áreas especializadas de la Procuración General de la Nación encabezadas por María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, respectivamente.
Empresas involucradas y nuevas cautelares
Además del embargo, la jueza congeló la cuenta bancaria de Induplack Fiduciaria S.A., y ordenó el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil y financiero respecto de nueve personas físicas y 23 empresas vinculadas a la maniobra investigada. También dispuso la prohibición de innovar en la composición societaria y en las participaciones accionarias de dos personas jurídicas.
En su resolución, la magistrada sostuvo que las empresas investigadas funcionaron como vehículos para cometer delitos, amparándose en su personalidad jurídica para ocultar maniobras ilícitas y burlar las consecuencias legales, lo cual —según el artículo 144 del Código Civil y Comercial de la Nación— habilita a afectar los bienes registrados a su nombre.
Un esquema fraudulento reiterado
Según la investigación de la fiscalía, los cinco imputados habrían conformado una asociación ilícita económicamente sofisticada, con una estructura jerárquica definida, destinada a cometer estafas en serie bajo un formato sistemático de ventas inmobiliarias anticipadas que nunca se concretaban.
El núcleo operativo de la maniobra se organizaba a través de Induplack Fiduciaria S.A., empresa en la que cuatro de los imputados figuraban como representantes legales y el restante como apoderado y, al mismo tiempo, presidente de otra sociedad vinculada: Icons Tech S.A. A través de estas firmas, administraban fideicomisos destinados a supuestas construcciones de viviendas que nunca se terminaban.
La modalidad consistía en vender departamentos “en pozo”, es decir, en etapas de planificación o construcción inicial. A cambio, los compradores realizaban pagos anticipados o financiaban las unidades en cuotas, con la promesa de obtener su propiedad una vez finalizadas las obras.
Sin embargo, al vencerse los plazos contractuales, las obras estaban paralizadas o sin avances relevantes, y no se iniciaban los trámites de escrituración. Las víctimas, en su mayoría familias que destinaron sus ahorros al sueño de la vivienda propia, nunca recibieron los inmuebles prometidos y quedaron atrapadas en un proceso judicial que se agrava por la dimensión de las maniobras.
Más de 100 causas en trámite
Desde diciembre de 2024 hasta la fecha, más de 100 causas judiciales ingresaron al juzgado con denuncias contra los mismos imputados. Este dato fue considerado por la fiscalía como una muestra del carácter continuado y estructural del delito, lo que revela que los acusados constituyeron un entramado empresarial no solo para consumar las estafas, sino también para mantenerlas en el tiempo y eludir sanciones previas.
En mayo de 2023, tres de los implicados ya habían sido procesados por desbaratamiento de derechos acordados, una figura que se aplica cuando un acuerdo válido se ve frustrado intencionalmente por una de las partes. En agosto del mismo año, fueron procesados nuevamente por estafas reiteradas. En esa oportunidad, la justicia había ordenado embargos por 190 millones de pesos.
La fiscalía advirtió que, tras las primeras denuncias, los imputados crearon al menos otras veinte empresas del rubro construcción, replicando el esquema fraudulento para evitar las restricciones impuestas por la justicia civil, comercial y penal.
Procesamientos firmes
El 7 de abril de este año, la jueza González dictó el procesamiento de los cinco imputados como integrantes de una asociación ilícita, uno de ellos en calidad de jefe. También los acusó como coautores del delito de estafa reiterada en 16 oportunidades.
“Con esas preventas, Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, atrayendo a los compradores mediante planes de pago en cuotas. Sin embargo, pese a haber recibido fondos suficientes para cubrir los costos de las obras, el dinero fue desviado en beneficio propio o de terceros, perjudicando a los damnificados, quienes jamás pudieron escriturar ni tomar posesión de las unidades adquiridas”, sostuvo la jueza en su resolución.
En esa misma resolución también se dictaron embargos por 905 millones de pesos y se ordenó la inhibición general de bienes de los cinco imputados, en consonancia con el pedido fiscal y de los organismos especializados del Ministerio Público.
Un mensaje judicial contra la impunidad
La decisión de la jueza González representa un importante precedente judicial contra los esquemas delictivos que se amparan en la ingeniería societaria para disfrazar estafas masivas y prolongadas. En este caso, no solo se reconoció la dimensión económica del daño causado, sino también el impacto moral y emocional sobre las víctimas, muchas de las cuales vieron frustrado el proyecto de acceder a una vivienda propia.
La causa sigue en etapa de instrucción, pero se perfila como uno de los casos más relevantes de los últimos años en materia de fraudes inmobiliarios, por la cantidad de damnificados, el monto económico comprometido y la sofisticación del entramado delictivo.
Según pudo saber Radio 10 Mar del Plata, las medidas adoptadas también se orientan a prevenir la fuga de activos que podrían resultar clave para reparar económicamente a las víctimas, quienes aguardan una respuesta concreta tras más de una década de maniobras fraudulentas.
