A tan solo cuatro días de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció este miércoles una profunda reforma migratoria que apunta a restringir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y a limitar el acceso gratuito a servicios públicos para quienes no tengan residencia permanente.
“Todos los condenados por cometer un delito serán deportados”, afirmó de manera tajante el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Según explicó, uno de los ejes centrales de esta nueva política será impedir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y facilitar la expulsión de aquellos que ya estén en territorio argentino y hayan sido condenados por la Justicia.
“Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes”, sostuvo Adorni, quien además denunció que “ingresaron un millón setecientos mil inmigrantes ilegales” en los últimos años. “Hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas y las condiciones de deportación son muy flexibles”, agregó.
Servicios públicos y reforma universitaria
Otra de las medidas clave anunciadas por el Ejecutivo incluye el cobro de los servicios de salud a residentes transitorios, temporarios e irregulares. En ese sentido, el vocero detalló que “solo en ocho hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos para atender a extranjeros”.
“Lo que es peor —añadió—, hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno, eso se termina”.
Asimismo, se informó que las universidades públicas estarán habilitadas para cobrar sus servicios a extranjeros si así lo determinan, en línea con el objetivo de ordenar el uso de recursos del Estado.
Cambios en la ciudadanía y residencia
En el marco de esta nueva normativa, también se endurecerán los requisitos para obtener la residencia legal y la ciudadanía argentina. A partir de ahora, quienes deseen nacionalizarse deberán haber vivido al menos dos años en el país sin abandonar el territorio durante ese período.
Estas medidas se dan en un contexto electoral clave, donde el oficialismo busca consolidar su mensaje de orden y seguridad frente a una ciudadanía cada vez más preocupada por el aumento de la criminalidad y el uso de los recursos públicos.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 14, 2025
