El conflicto por la zafra del langostino sumó en las últimas horas nuevos episodios de alta tensión que agudizan una crisis que ya paraliza la actividad desde hace meses. Manifestaciones cruzadas entre sindicatos, amenazas de muerte a trabajadores y allanamientos judiciales en Chubut marcaron una semana crítica para la industria, que acumula pérdidas millonarias y afecta a miles de familias en todo el país.
Afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) realizaron este viernes una protesta frente a la sede del Sindicato de Capitanes de Pesca en Mar del Plata. La movilización visibilizó las profundas divisiones internas del sector gremial.
Al mismo tiempo, en Puerto Madryn, al menos cuatro marineros denunciaron haber recibido amenazas de muerte tras aceptar firmar contratos con la empresa Conarpesa. Uno de los mensajes enviados por WhatsApp advertía crudamente:
“Más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn. Acordate, te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”.
La amenaza fue difundida por el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, quien expresó en redes sociales:
“Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite”, y confirmó que se iniciaron acciones penales.
Tras ello, la policía realizó dos allanamientos en la zona y secuestró teléfonos que podrían aportar pruebas clave.
En respuesta, la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina emitió un comunicado en el que expresó un enérgico repudio a los hechos de violencia:
“Rechazamos la violencia y extorsión contra trabajadores que quieren ejercer su derecho a trabajar. No es el camino para construir paz social ni fomentar el empleo argentino”.
El eje del conflicto sigue siendo la negativa del SOMU y Simape a renegociar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), especialmente en lo que refiere al pago por producción, que representa el núcleo del salario para los tripulantes.
Ambos gremios aseguran que ya se firmó un acuerdo salarial con aumentos sobre los básicos. Sin embargo, desde el sector empresario afirman que los valores actuales son inviables y que trabajar en estas condiciones implica hacerlo a pérdida.
Oscar Bravo (SOMU) y Pablo Trueba (Simape) se mantuvieron firmes. Bravo sostuvo que “no hay nada legal que firmar fuera del convenio ya vigente”, mientras que Trueba acusó a las cámaras de intentar “romper la paz social”.
A pesar del clima tenso, hubo una excepción: la empresa Buenos Aires Pesca SA logró un acuerdo con ambos gremios y dos buques tangoneros zarparon bajo un esquema de pago transitorio, respetando el CCT.
El conflicto ya lleva cuatro meses de parálisis formal y mantiene amarrados a más de 100 buques desde hace casi un año. Las consecuencias son graves: exportaciones frenadas por más de 200 millones de dólares y un fuerte impacto en unas 5.000 familias que dependen de la pesca.
Desde una de las cámaras señalaron a Radio 10 Mar del Plata que “no hay condiciones de seguridad para salir a pescar con acuerdos individuales, los trabajadores están amenazados”. Además, advirtieron que el costo laboral representa hoy el 60% de la operación.
Por su parte, los sindicatos de Capitanes y Maquinistas sí aceptaron revisar los ítems de producción, que continúan calculados en base a un precio de langostino fijado en 2005 (USD 12 por kilo), cuando hoy el valor ronda apenas los USD 6.
