La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó un contundente rechazo al Decreto 340/2025, publicado recientemente por el Gobierno nacional, que introduce modificaciones a la Ley 25.877 ampliando los servicios considerados esenciales y, con ello, limitando el ejercicio del derecho a huelga.
Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, fue categórico: “Este es un decreto que le pidieron a Milei las multinacionales y los empresarios millonarios. La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones”.
Según ATE, la norma busca debilitar la capacidad de protesta del movimiento obrero, al exigir que en los sectores considerados esenciales se garantice un 75% de la prestación durante las huelgas, y creando además una nueva categoría de “servicio de importancia trascendental”, que deberá mantener al menos el 50% de su funcionamiento durante medidas de fuerza.
“El Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo”, remarcó Aguiar, aludiendo al contexto político en el que se emite este decreto, en plena vigencia del DNU y con la Ley Bases aún en debate parlamentario.
Desde ATE advirtieron que los criterios para determinar qué actividad puede ser considerada esencial o trascendental son sumamente amplios y difusos, abriendo la puerta a que prácticamente cualquier sector quede limitado en su capacidad de ejercer medidas gremiales. Uno de los puntos más cuestionados es que se incorpora como criterio la posible afectación a “metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”.
Hasta ahora, la legislación argentina —en línea con los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— consideraba esenciales únicamente aquellos servicios cuya interrupción pusiera en riesgo la salud, la vida o la seguridad de la población.
“Rechazamos la posibilidad de que todas las actividades sean consideradas esenciales. Es muy grave que se exija garantizar un 75% de las prestaciones. Así, la huelga pierde sentido y no tendrá ningún efecto. La legislación argentina siempre reguló correctamente estos servicios. Esto no tiene que cambiar”, concluyó Aguiar.
Desde el sindicato adelantaron que analizarán medidas legales y gremiales para frenar la aplicación del decreto, al que calificaron como “una regresión sin precedentes en derechos laborales”.
