“En la calle y en la Justicia, estamos demostrando que el Gobierno de Milei no es invencible”, afirmó Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) presentaron en conjunto un amparo judicial contra el DNU 462/2025 y la Ley 27.742, con el objetivo de frenar el vaciamiento del INTA y preservar los derechos laborales de sus trabajadores.
El recurso, presentado ante la Justicia, solicita la inaplicabilidad de las facultades delegadas por la mencionada ley en lo que respecta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Además, exige que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27.742 y los artículos 59 al 69 del DNU impulsado por el Ejecutivo nacional.
“Vinieron por el derecho de huelga y la Justicia nos dio la razón. Quisieron quitarnos el Día del Empleado Público y también ganamos. Vamos a voltear todos los decretos, uno por uno”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien volvió a manifestar un fuerte rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.
El dirigente también cuestionó el uso de las facultades delegadas por parte del Ejecutivo. “Son un mamarracho. Tienen tanta ambición de generar negocios para los empresarios que ni siquiera supieron aprovechar las facultades extraordinarias”, remarcó.
Una acción judicial para evitar despidos y vaciamiento
El escrito judicial califica al DNU como una maniobra de desviación de poder que busca, por vía administrativa, disolver, desfederalizar y vaciar el INTA, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 2 de la Ley 27.742. En este sentido, se argumenta que el decreto viola los fundamentos que dieron origen al organismo creado en 1956 como pilar científico del agro argentino.
En la misma presentación, ATE y APINTA solicitaron una medida cautelar urgente para que se suspenda de forma provisoria la aplicación de los artículos cuestionados y que se ordene al Estado Nacional abstenerse de ejecutar actos administrativos que impliquen despidos, cesantías, traslados o reubicaciones del personal del INTA.
La petición incluye una advertencia explícita contra posibles rescisiones de contrato, pases a disponibilidad o reestructuraciones que puedan afectar la dotación de trabajadores y trabajadoras, así como de sus representantes gremiales. La solicitud exige que se respeten las garantías establecidas en los Convenios Colectivos de Trabajo 214/06 y 127/06, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
